¡Oye esto pa' que veas!

Parece que se le cayó la careta a un pesado de Inmigración en Estados Unidos, Lukman Owolabi Ganiyu, que se las daba de intachable en USCIS. Lo pillaron con las manos en la masa, o mejor dicho, con los bolsillos llenos, junto a un supuesto socio, Adeniyi Akeem Somoye. Los acusan de montar un negocio redondo con los trámites migratorios, acelerando y aprobando papeles a quien pagara el peaje.

Esto no es un rumor de barrio, es cosa seria, con denuncia penal y todo. La jugada, según dicen los que investigan, fue entre finales de 2019 y marzo de este año, justo cuando el mundo andaba revuelto. Dicen que Ganiyu usaba su puesto para meterle mano a las solicitudes y dar luz verde, cobrando por adelantado, claro está.

¿Dónde fue la trampa y cuándo?

Todo este enredo se destapó en Texas, y aunque los arrestos fueron a principios de septiembre, el supuesto tinglado llevaba operando desde diciembre de 2019. Se habla de miles de dólares, cientos de miles pa' ser exactos, que supuestamente se movieron entre Ganiyu, Somoye y un montón de gente desesperada por legalizar su situación.

Los papeles que supuestamente se manipularon son de los más comunes: los I-130 para traer familiares, los I-485 para buscar la residencia, los I-751 para quitarle las condiciones a esa residencia, y hasta los N-400 para hacerse ciudadano. ¡Imagínate el descaro!

¿Y por qué nos importa este chisme?

Esto le cae encima a cualquiera que sueñe con una vida mejor en Estados Unidos. El sistema, que se supone es para ayudar, parece que tenía una ventanilla paralela para los que tenían cómo pagar. Es un abuso de confianza pública, como dijo el fiscal, y mancha la reputación de quienes sí hacen su trabajo honestamente.

La gente que confió en el sistema y en este señor, si pagó y no vio resultados, o si vio resultados sin merecerlos, se ve envuelta en un lío. Esto pone en duda la integridad de los procesos migratorios y la fe que la gente puede tener en las instituciones.

¿Qué dicen las partes?

Por un lado, el fiscal federal de Texas, Ryan Raybould, ha dejado claro que esto es un abuso inaceptable y que se va a fondo. El FBI, USCIS y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional están metidos hasta el cuello en la investigación. Por otro lado, Ganiyu y Somoye, los supuestos cerebros, pues... todavía no han dicho mucho, pero ya comparecieron ante un juez.

Los que pagaron, según la acusación, están en una posición delicada, y los que se beneficiaron indebidamente, pues están en el ojo del huracán. La verdad es que hay mucha gente involucrada y las declaraciones de cada uno serán claves.

¿Y ahora qué? ¿Se van de rumba?

Pues no parece. Ganiyu y Somoye andan enfrentando cargos que les pueden costar caro: hasta cinco años en la cárcel federal y una multa gorda de 250.000 dólares si el juez los declara culpables. La investigación sigue su curso, y es probable que salgan más detalles de cómo funcionaba este esquema y quiénes más estaban metidos en la historia.

Lo que sí está claro es que la confianza en USCIS ha recibido un buen golpe. Habrá que ver cómo responden las autoridades para asegurarse de que algo así no vuelva a pasar y que la justicia migratoria sea, de verdad, para todos.