¡Oye esto pa' que veas!

Parece que hay un bochinche bueno en España con la Ley de Nietos. Resulta que unos cuantos quieren quitarle el voto a los hijos de españoles que consiguieron la nacionalidad por esa ley, sobre todo a los que están fuera del país. Pero el Gobierno español salió en defensa de esos ciudadanos y le ha dicho al Tribunal Supremo que no se atrevan a poner más trabas.

La cosa está que arde porque las elecciones se acercan y ya las listas están cerradas. Imagínate el lío que sería ahora ponerse a revisar miles de casos para ver a quién le quitan el derecho a votar.

¿Y eso dónde y cuándo está pasando?

Todo este drama se está cocinando en España, y la decisión final la tiene el Tribunal Supremo. El asunto es clave a pocas semanas de las elecciones del 29 de noviembre. Las listas de votantes ya están listas, y los consulados hasta empezaron a mandar las boletas, así que meter mano ahora sería como querer parar un tren en marcha.

El ambiente está tenso porque hay miles de personas que obtuvieron la nacionalidad, y no se sabe cuántas exactamente están inscritas para votar desde el extranjero y podrían verse afectadas si les quitan ese derecho.

¿Y a quién le cae arriba esta cosa?

Esto le cae directo a los miles de cubanos que consiguieron la nacionalidad española a través de las leyes de memoria histórica y democrática. Se habla de que más de 350,000 cubanos metieron papeles desde octubre de 2022, y muchos de ellos quieren ejercer su derecho al voto.

Lo importante aquí es que esto no significa que vayan a perder la nacionalidad ni el pasaporte, ¡nada de eso! La pelea es por el derecho a votar desde afuera. Los que viven en España y están empadronados, esos votan sin problema.

¿Qué dicen unos y qué dicen otros?

Por un lado, Vox e Iustitia Europa quieren cerrarles el paso a más descendientes de españoles para que no voten desde el extranjero. Por el otro, el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, está pidiendo al Tribunal Supremo que no amplíe esa prohibición. Argumentan que es demasiado tarde para hacer cambios y que, además, quitarle el voto a alguien que tiene la nacionalidad en regla sin una sentencia firme sería un golpe a la Constitución.

Los datos que presentaron dicen que se han registrado casi 190,000 nacionalizaciones, pero no está claro cuántas de esas personas están en el censo electoral del exterior y podrían ser afectadas.

Y ahora, ¿qué se espera?

Pues ahora el Tribunal Supremo tiene la pelota en su tejado. Tiene que decidir si le da la razón a Vox e Iustitia Europa y se amplía la suspensión del voto, o si mantiene la situación actual y deja que todos los nacionalizados puedan votar como les corresponde.

El Gobierno está claro en su posición: no quieren que la prohibición se extienda. Veremos qué decide el Supremo y si los nietos españoles en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.