¡Oye esto pa' que veas!

Mira qué cosa se armó en Estados Unidos. El Tribunal Supremo le dio un golpe nuevo a esas compañías de cruceros que se metieron en Cuba cuando el asunto se puso bueno. Revivieron una demanda de las buenas, de esas que vienen con Ley Helms-Burton, por el cuento de usar propiedades que el gobierno cubano se apropió después de la Revolución.

Esto le cae encima a pesos pesados como Royal Caribbean International y Carnival Corporation. Los acusan de sacarle el jugo a unas instalaciones portuarias que el castrismo quitó sin pagar un centavo a sus dueños originales. ¡Imagínate el bochinche!

¿Dónde y cuándo fue este tinglado?

Esto se armó por las operaciones que hacían esos cruceros en el puerto de La Habana. El chisme es que esas tierras y muelles eran de otros antes, y el gobierno cubano se las quedó ilegalmente. Las compañías, claro, las usaron cuando Obama aflojó un poco las cosas con los viajes para allá.

Esto cae como bomba en un momento que la cosa está caliente entre Washington y La Habana. El gobierno de Donald Trump, justo antes de esto, hasta acusó al exdictador Raúl Castro por el famoso caso de las avionetas de 'Hermanos al Rescate'. ¡La presión sube!

¿Y por qué nos importa este rollo?

Sencillo: esto pone a pensar a todas las empresas que hicieron negocios con Cuba usando cosas que el gobierno quitó. Si tú eres dueño de algo que te quitaron hace años, y ves que una compañía extranjera lo usa y se lucra, esto te da argumentos para meter una demanda.

El fallo del Supremo abre la puerta a que más exiliados y antiguos dueños de negocios en Cuba reclamen lo que les quitaron. Estamos hablando de hoteles, terrenos, hasta puertos enteros. Las empresas que operan por allá ahora tienen que andar con mucho cuidado.

¿Qué dicen por ahí?

Por un lado, los demandantes insisten en que las compañías se beneficiaron de bienes confiscados ilegalmente. Por otro, las empresas de cruceros se defienden diciendo que cumplieron con las leyes. En el medio, el Tribunal Supremo, que con un voto de 8 a 1, dijo que la demanda va de nuevo.

El juez Clarence Thomas escribió la opinión mayoritaria. La única que no estuvo de acuerdo fue la jueza Elena Kagan. Así que ya sabes, unos defienden su derecho a reclamar, otros a operar, y el Supremo pone las reglas del juego.

¿Y ahora qué? ¿Pa' dónde vamos?

Pues mira, lo que está claro es que las empresas que hicieron negocios en Cuba con propiedades confiscadas tienen un panorama legal más complicado. Este fallo del Supremo puede animar a otros a meterse en pleitos similares.

Hay que seguir de cerca cómo se desarrollan estas demandas y qué otras medidas prepara el gobierno de Trump respecto al embargo y las sanciones contra Cuba. La cosa está movida y las empresas internacionales tendrán que estar bien atentas.