¡Oye esto pa' que veas!

Parece que hasta los nietos de los comandantes tienen su opinión sobre los líos de la gente. Sandrito Castro, ese empresario que uno ve por ahí, salió a hablar del caso de Anna Bensi, la muchacha que grabó a un agente del MININT y ¡zas!, que le cayó encima la ley.

El Sandrito dice, con su nota de empresario que se las sabe todas, que sí, que hay que respetar la ley cubana, ¡cómo no! Pero que él, si fuera por él, hubiera resuelto la vaina de otra manera, más suave, más educativa, como quien le da un consejito a un chiquillo.

¿Y dónde pasó esta novela?

Esto se cocinó en La Habana del Este. Un agente del Ministerio del Interior fue pa' casa de Anna Bensi a darle una citación, de esas que llegan de la Seguridad del Estado. La cosa es que ella, con su mamá al lado, agarraron el teléfono y grabaron todo el jaleo. Después, las imágenes se pasearon por las redes sociales.

El policía, o el agente, se sintió como en el escaparate, dice que le violaron la intimidad, que le pisotearon su privacidad. ¡Imagínate tú!

¿Y por qué se armó el bochinche?

Bueno, aquí es donde la cosa se pone buena. La ley cubana dice que uno no puede andar aireando la vida privada de la gente, y menos si son funcionarios. Pero por otro lado, uno se pregunta si grabar a un agente haciendo su trabajo, que encima es una citación, es tan grave como para meter a dos mujeres en un lío de dos años de limitación de libertad.

Hay gente, como las organizaciones de afuera, que dicen que esa ley se usa pa' callar a la gente que documenta las cosas. Y Anna Bensi, claro, dice que eso es una injusticia de las grandes.

¿Qué dicen los implicados?

Por un lado, tienes al agente que se sintió expuesto. Por otro, a Anna y su mamá que se defienden diciendo que no tenían mala intención, que era un procedimiento, y que la justicia no fue justa.

Y en el medio, el nieto de Fidel, Sandrito, que pide respeto por la ley pero sugiere que la justicia podía ser más pedagógica, menos castigadora en este caso. Él cree que se pudo haber resuelto sin llegar a estos extremos.

¿Y ahora qué?

Las condenadas están esperando el papelito oficial, la sentencia escrita, pa' saber a qué atenerse y ver si pueden apelar la cosa. Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿dónde está el límite entre la privacidad de un funcionario y el derecho a documentar la actuación de las autoridades?

Lo seguro es que la gente va a seguir hablando de esto, y seguro saldrán más casos parecidos. Habrá que estar pendiente a ver cómo se resuelve este cuento.