¡Oye esto pa' que veas!

Un padre y su hijo se han echado encima seis y cinco años de cárcel, respectivamente. Serguey Pozo Tagle, el padre, de 47 años, y su hijo Yamislán, de 27, están pagando su condena en el campamento El Yabú, cerca de Santa Clara. ¿El delito? 'Propaganda contra el orden constitucional'.

El padre, ni corto ni perezoso, admitió que se dedicó a decir por Facebook lo que pensaba del gobierno y hasta repartió papelitos con mensajes pidiendo libertad. Pero el hijo dice que él no hizo nada y que lo metieron preso solo por ser el hijo y no 'chivato' de su papá.

¿Dónde fue esta movida y cuándo se armó el lío?

Todo este enredo se destapó el 13 de febrero de 2025, cuando la Seguridad del Estado se presentó en su casa. El juicio se hizo el 15 de diciembre de 2025 en el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara, en la sala de los asuntos contra la Seguridad del Estado. Al final, las sentencias salieron el 29 de abril de 2026.

Cuando los agarraron, los tuvieron incomunicados por 28 días, ¡imagínate! Les quitaron teléfonos, una computadora y hasta una impresora en el allanamiento. Pero, ¡ojo!, los peritos dijeron que esos equipos no se usaron para hacer los papelitos que repartió el padre.

¿Y esto por qué le cae al pueblo?

Este caso es uno más de esos que ponen a pensar si en Cuba se usa la ley para callar a la gente que opina distinto. Las organizaciones de derechos humanos están que trinan, diciendo que es una forma de criminalizar la libertad de expresión.

La cosa se pone más fea porque, según un abogado de Cubalex, que una persona no denuncie a otra es muy distinto a ser cómplice o encubridor. Aquí parece que metieron al hijo por no 'dedear' al padre.

¿Qué dicen los involucrados y los que miran desde fuera?

Por un lado, el padre admitió haber criticado al gobierno en redes y repartido octavillas. El hijo, Yamislán, niega rotundamente su participación en esas actividades, alegando que su condena se basa en no haber denunciado a su progenitor.

Las organizaciones jurídicas y de derechos humanos han alzado la voz. Señalan que este tipo de sentencias son un patrón peligroso que afecta a familiares de personas consideradas opositoras por el régimen. La Fiscalía pedía más años, pero al final las sentencias fueron de seis y cinco.

¿Y ahora qué? ¿Qué se espera?

Lo cierto es que padre e hijo están cumpliendo su condena. Este caso se suma a la lista de situaciones que generan debate sobre la justicia y la libertad de expresión en la isla. Queda por ver si estas condenas, tan cuestionadas, servirán de algo o solo aumentarán la crítica hacia el sistema judicial cubano.