¡Oye esto pa' que veas!

Un gentío de activistas y gente del pueblo se levantó en Doral, Florida, para decirle al Ayuntamiento: ¡Basta ya! Quieren que rompan el acuerdo que tienen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La gente anda asustada, con el alma en un hilo, pensando que la ciudad se ha convertido en el principal lugar de donde se llevan a la gente para deportarla.

Esto no es un juego. Imagínate tú, que unos negocios por ahí han contado que están perdiendo hasta el 80% de lo que ganaban. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de salir de su casa, de ir a trabajar, ¡hasta de llevar a los chamos a la escuela! Es un corre-corre y un susto que no te deja vivir en paz.

¿Dónde fue el bochinche y cuándo se armó?

Todo este lío se armó este miércoles 7 de octubre de 2026, en Doral, un lugar que le dicen cariñosamente “Doralzuela” porque allí vive un montón de venezolanos, ¡cerca del 40% de la gente! El asunto se puso caliente cuando Eleazar Guevara, un activista del Venezuelan American Caucus, llegó al Concejo de Doral con firmas de 170 familias. Querían que revocaran el famoso acuerdo 287(g), que es como darle permiso a los policías de Doral para trabajar mano a mano con los de migración.

La cosa se puso seria con el apoyo de organizaciones como la ACLU y el Southern Poverty Law Center. La gente anda con el Jesús en la boca, y se nota. La actividad en la calle y en los negocios ha bajado un montón.

¿Y a quién le cae esto encima? ¿Por qué es un problema?

Pues mira, esto le cae encima a todos los inmigrantes, especialmente a los venezolanos, que son mayoría en Doral. El miedo constante a ser deportados no deja que la vida fluya. La gente no sale, no gasta, los negocios sufren, y la economía de la ciudad se resiente.

Además, un activista llamado Juan Cuba soltó una cifra que asusta: esta política de deportaciones le está costando a los contribuyentes locales unos 62 millones de dólares. ¡Imagínate la plata que se va en esto! Es dinero que se podría usar para otras cosas.

¿Qué dicen unos y qué dicen otros?

Los activistas están que trinan, exigiendo que se rompa el acuerdo. Dicen que otras ciudades de Florida no se han metido en este lío. Pero la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, una republicana, sale con que la ley estatal, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, las obliga a mantenerlo. Aunque los activistas dicen que eso no es del todo cierto y que hay otras ciudades que han encontrado la forma de no hacerlo.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) están con los activistas, apoyando la causa. Dicen que este miedo ha paralizado a la ciudad.

¿Y ahora qué? ¿Qué se espera en los próximos capítulos?

Los que están en contra del acuerdo no se van a quedar quietos. Han dicho que seguirán buscando apoyo por todos lados para volver a meterle el diente al tema en el Concejo Municipal. Quieren que sí o sí se vote para ponerle fin a esta cooperación con ICE.

Habrá que ver si logran que escuchen su reclamo y si Doral se atreve a romper ese pacto, o si la ley estatal termina ganando la partida. La cosa está caliente y se va a seguir hablando de esto.