¿Qué pasó?

¡Oye esto pa’ que veas! Un montón de estados, 22 pa’ ser exactos, más el Distrito de Columbia, se le tiraron encima al gobierno de Donald Trump. ¿El motivo? Una regla nueva que quieren meter con calzador pa’ decidir quién puede o no puede quedarse en Estados Unidos. La cosa es que la regla busca ampliar un montón lo que significa ser una “carga pública”.

Esto es pa’ complicarle la vida a los que piden residencia, visas o entrar al país, si es que reciben o podrían recibir ayuda del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es el que anda detrás de esto, y quieren que esto empiece a correr como pólvora el 18 de septiembre. Pero los estados dicen: ¡hasta aquí llegamos!

¿Dónde y cuándo?

Todo este bochinche se está cocinando en el Distrito Sur de Nueva York. La demanda va directo contra el DHS, su mandamás Markwayne Mullin, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y hasta su director, Joseph B. Edlow. Quieren que un juez les ponga un freno de mano a esta norma, diga que no sirve pa’ nada y que el gobierno se olvide de usarla.

La CNN soltó la sopa y dice que la idea es darle más poder a los que atienden la inmigración pa’ que decidan quién recibe beneficios. Antes se fijaban más en la plata que te daban, pero ahora quieren meter en el saco un montón de cosas más, como Medicaid, comida y hasta ayuda pa’ la vivienda.

¿Por qué importa?

La cosa se pone fea porque la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está que echa chispas. Ella dice que esto va a asustar a las familias que de verdad necesitan esa ayuda, hasta los que tienen derecho, y van a dejar de pedirla por miedo a que les cierren las puertas. ¡Imagínate el panorama!

Además, los estados que metieron la demanda dicen que esto les va a costar un ojo de la cara. Si la gente deja de usar programas como Medicaid o el CHIP, les va a caer encima un montón de plata menos de fondos federales. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se pueden esfumar.

¿Qué dicen las partes?

Esto se basa en una ley viejísima, de hace más de un siglo, que dice que no pueden darle beneficios migratorios a quien parezca que va a vivir del gobierno. En tiempos de Trump, le dieron más cuerda a eso y empezaron a contar más cosas. Pero luego, en 2022, el gobierno de Joe Biden le dio pa’ atrás y dejó fuera la mayoría de las ayudas que no eran de billete.

Ahora, con esta nueva jugada, se pasan por el forro esa regulación y amplían el abanico de lo que se considera “carga pública”. ¡Ojo! Que hasta podrían meter en cuenta las ayudas que se pidan a nombre de los nenes, aunque sean ciudadanos americanos. Un sancocho total.

¿Qué viene ahora?

Pues ahora hay que esperar a ver qué dice el juez. Los estados quieren que se pare todo esto de inmediato y se declare inválida la regla. Si esto sigue pa’lante, puede que muchos inmigrantes se la piensen dos veces antes de pedir cualquier tipo de ayuda, por mínima que sea, y eso va a traer cola.

Lo que está claro es que la cosa está en el aire. Hay que seguirle la pista a ver cómo termina este pleito, porque de ahí va a depender mucho el futuro de miles de personas y cómo funciona el sistema de inmigración en Estados Unidos. El gallo todavía no se ha dormido.