¡Oye esto pa' que veas!

Parece que al Tío Sam le dieron un buen revolcón. Un juez federal se fajó y le dijo 'stop' a una medida que Donald Trump, cuando estaba en la Casa Blanca, se inventó para las visas H-1B. ¿De qué va esto? De un cobro extra, nada menos que de 100,000 dólares, que querían meterle a las empresas que traían trabajadores de afuera para ciertos puestos.

El juez Leo Sorokin, con toda la seriedad del caso, salió diciendo que el Gobierno no tenía poder para meter esa tarifa sin antes preguntarle al Congreso. ¡Imagínate! Una medida que, según Trump, era para proteger a los trabajadores de allá, pero que al final parece que era más bien un tropezón para las empresas.

¿Dónde fue el bochinche y cuándo?

Este lío se armó en Estados Unidos, y la decisión salió hace poco, en junio de 2026. La tarifa esa de los 100,000 dólares venía de una orden de Trump para las solicitudes nuevas de trabajadores que estaban fuera del país. La idea era, según ellos, que las empresas no se aprovecharan del programa H-1B para pagar menos a la gente de adentro con extranjeros más baratos.

Pero ojo, esto no se quedó así. Una pila de estados, como 20, se fueron de cabeza contra esa medida. Decían que a las universidades, hospitales y centros de investigación les iba a costar un ojo de la cara poder traer a los genios que necesitaban.

¿Y esto por qué importa, mi socio?

Bueno, sencillo. Esa tarifa era como un impuesto, pero sin el permiso de los que hacen las leyes en el país. El juez dijo claro: el Ejecutivo no puede inventarse cobros tan grandes así nomás. Esto significa que las universidades, hospitales y otros sitios donde se necesita gente especializada ya no tienen que pensar en ese gasto descabellado para traer talento.

Al final, esto es un golpe para los que querían ponerle más candados a las visas de trabajo. Muchos negocios avisaron que con esos precios, se les hacía un mundo traer a los profesionales que hacen falta en áreas donde casi no hay gente preparada.

¿Qué dicen unos y otros?

Por un lado, el juez Sorokin fue claro en que el Poder Ejecutivo no tenía la autoridad para ese cobro. Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional no se quedó callado. Siguen defendiendo que las reformas de Trump eran para el bien de los trabajadores americanos y para mantener en orden el tema de las visas.

El programa H-1B, que es el que está en el ojo del huracán, tiene un límite anual de 65,000 visas, y otras 20,000 para los que tienen estudios más avanzados. Ya de por sí hay que pagar unas cuantas tasas que suman varios miles de dólares por cada solicitud, así que imagínate sumarle 100,000 más.

¿Y ahora qué? ¿Qué se espera?

Pues mire, la decisión de este juez pone en pausa esos planes de endurecer las reglas para traer trabajadores extranjeros. Lo que queda claro es que la discusión sobre cómo equilibrar la necesidad de talento extranjero con la protección del empleo local sigue caliente.

Habrá que ver qué dice el Gobierno ahora y cómo se mueven las piezas en este tablero migratorio. Por ahora, las empresas respiran un poco más tranquilas al no tener que enfrentarse a ese cobro que parecía sacado de otro planeta.